/ Agencia Brasil
El Gobierno brasileño está buscando un acuerdo arancelario con los Estados Unidos para evitar que la Casa Blanca adopte la recomendación de su Oficina del Representante Comercial (USTR), la cual sugirió la imposición de un arancel adicional del 25% sobre parte de las importaciones provenientes de Brasil.
El país sudamericano evalúa que es posible, aunque difícil, llegar a un acuerdo arancelario que sea más ventajoso para ambos países debido a que, entre otros motivos, EE. UU. tiene superávit comercial con Brasil.
La recomendación de la USTR, dada a conocer la semana pasada, es el resultado de una investigación basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos. El argumento utilizado es que Brasil presuntamente mantiene prácticas “desleales” en las relaciones comerciales.
Brasil rechazó afirmando que los argumentos no son legítimos y que la decisión parte de un intento de injerencia en asuntos internos, además de expresar el proteccionismo comercial unilateral de Washington.
El Gobierno viene cuestionando los aranceles adicionales de los EE. UU. bajo el argumento de que el arancel promedio aplicado por Brasil sobre las importaciones estadounidenses es del 2,7%, lo que no justificaría el argumento de que las empresas estadounidenses se verían perjudicadas en el acceso al mercado brasileño.
Brasil trabaja ahora con el plazo del 15 de julio para cerrar un acuerdo arancelario. Esa fue la fecha fijada por la USTR para una definición sobre el tema. Dicho plazo todavía podría, en teoría, ser prorrogado.
Con esto, los negociadores brasileños esperan tener más tiempo para un acuerdo, dado que el plazo inicial estipulado tras la reunión entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump en Washington, el mes pasado, fue de 30 días, los cuales terminaron el domingo 7 de junio.
Entre las dificultades de la negociación se encuentra el hecho de que EE. UU. está involucrado en varias otras negociaciones arancelarias alrededor del mundo, además del conflicto bélico que lidera en el Medio Oriente contra Irán.
Mientras tanto, el Gobierno brasileño evalúa la conveniencia de un nuevo encuentro entre Trump y Lula. Existe la posibilidad de que ambos se reúnan en la cumbre del G7, en Francia, del 15 al 17 de junio. Sin embargo, aún no hay confirmación de un encuentro bilateral.
Otra dificultad para negociar con EE. UU. es que los estadounidenses suelen tener demandas muy amplias, es decir, diversas reivindicaciones en diferentes áreas.
Por el momento, Brasil busca un acuerdo específicamente sobre cuestiones arancelarias y comerciales, sin otras pautas que podrían interesar a los estadounidenses, como las tierras raras.
Al mismo tiempo, el Gobierno afirma que el Pix, el popular medio de pago instantáneo vigente en el país, no entra en ninguna negociación con Washington. La administración de EE. UU. insiste en que el Pix perjudica a las empresas de aquel país.
Por otra parte, los 10% o 12,5% adicionales impuestos a 60 países bajo el argumento de que esas naciones no combaten de forma eficiente el trabajo análogo a la esclavitud es visto por el Gobierno brasileño —sobretasado en un 12,5%— como una medida hecha para no ser negociada.
Al ser un gravamen impuesto a buena parte del planeta, tendría más bien el objetivo de recomponer, bajo nuevas bases legales y argumentativas, el arancelazo anterior, que fue derribado por los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los EE. UU.
La nueva tasa afecta, además de Brasil, a aliados históricos de Washington como Japón, la Unión Europea, Canadá e India, así como a la Argentina presidida por Javier Milei, quien se ha posicionado siempre al lado de Donald Trump en los asuntos internacionales. Esta medida elevaría la carga impositiva de algunos productos vendidos a EE. UU. al 37,5% al sumarse al nuevo arancel del 25%.
