La Contraloría General de la República (CGR) ha decidido desestimar nuevamente una solicitud de reconsideración presentada por el director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad, Jorge Bustos Bustos, contra los dictámenes de 2025 que validaron el denominado “Acuerdo por Valparaíso”. El organismo fiscalizador reafirmó que el pacto se ajusta a la legalidad vigente y al principio de coordinación entre las instituciones del Estado.
Cabe recordar que el pacto para la expansión del Puerto de Valparaíso fue firmado por la Municipalidad de Valparaíso, elGobierno Regional de Valparaísoy laEmpresa Portuaria Valparaíso (EPV)en octubre de 2023, pero en febrero de 2025 se presentó una denuncia por la posible ilegalidad del convenio.
En el oficio, firmado por el Contralor General (S) Víctor Hugo Merino Rojas, se ratifica que no se advierten irregularidades en el acuerdo, ya que este busca que los órganos de la administración obren de manera responsable y eficiente, especialmente en materia ambiental.
Uno de los puntos del análisis técnico fue la aclaración sobre los flujos económicos. La Contraloría determinó que el acuerdo no contempla obligaciones para la EPV de realizar aportes económicos directos a otras entidades públicas. En cambio, el texto establece de forma general que los beneficios económicos de la actividad logística deben contribuir al desarrollo de la región y la comuna.
El organismo también aclaró la distinción entre dos proyectos confundidos por el recurrente. “El proyecto TCVAL es diferente del de Ampliación Portuaria, sin que este último hubiere ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por lo que tampoco no corresponde a este ente fiscalizador pronunciarse al efecto”, planteó la CGR.
Bajo este contexto, el oficio sostiene que “es oportuno hacer presente que la EPV puntualiza que el proyecto TCVAL tiene por objetivo la modernización de la infraestructura portuaria del Puerto de Valparaíso y el aumento de su competitividad a través de la construcción y operación de un terminal con nuevos sitios de atraque y la ampliación del área de explanadas de respaldo (Terminal 2). En cambio, el proyecto Ampliación Portuaria es una propuesta que abarca tres obras: extensión del frente de atraque principal (sitio 1, 2 y 3) hacia la poza del muelle Prat; muelle de pasajeros, y área de acopio de contenedores y otras cargas en San Mateo”.
“Agrega la EPV que, si bien en diversas ocasiones se ha hecho mención a la ampliación portuaria de forma genérica, para efectos de aludir a ambos proyectos, ello obedece solamente que se propone licitar, en su oportunidad, en forma conjunta ambos terminales del Puerto de Valparaíso, sin que el Acuerdo por Valparaíso reemplace, sustituya o afecte el pertinente proceso de evaluación ambiental, ni limite o menoscabe las competencias que la normativa vigente entrega a los órganos sectoriales que deben intervenir en ese ámbito”, amplió.
De esta forma, la resolución final subraya que el “Acuerdo por Valparaíso” no tiene la facultad de reemplazar, sustituir o limitar los procesos de evaluación ambiental regulados por ley. La CGR concluyó que, al no existir nuevos fundamentos que logren desvirtuar lo resuelto anteriormente, corresponde mantener la validez de los pronunciamientos impugnados y cerrar la solicitud de reconsideración.
